Dos juezas federales cuestionaron el 16 de octubre de 2026 la postura del Gobierno de Donald Trump de que los archivos presidenciales pertenecen al mandatario. Durante una audiencia de apelación, advirtieron sobre el riesgo de dejar a una futura administración sin información necesaria para gobernar.
El abogado del Departamento de Justicia John Bailey defendió esa posición ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, según The Washington Sun.
Patricia Millett planteó el riesgo de destruir antecedentes sobre amenazas o negociaciones en curso. Cornelia Pillard cuestionó que proteger a un mandatario de un sucesor políticamente hostil equivalga a proteger la institución presidencial.
La posición del Ejecutivo procede de un dictamen de su Oficina de Asesoría Jurídica (OLC), fechado el 1 de abril de 2026 y firmado por T. Elliot Gaiser. El documento sostiene que la Ley de Registros Presidenciales de 1978 excede los poderes del Congreso e invade la autonomía constitucional del presidente. También argumenta que la posibilidad de divulgar las comunicaciones puede disuadir a los asesores de ofrecer opiniones francas.
Conservar los archivos y abrirlos al público tienen reglas distintas
La explicación oficial de los Archivos Nacionales de Estados Unidos (NARA) señala que la ley establece la propiedad pública de los registros presidenciales. Durante el mandato, el presidente administra su custodia; al terminar, esa responsabilidad pasa al archivista de Estados Unidos.
La ley también contempla un procedimiento de acceso especial para futuras administraciones, el Congreso y los tribunales a documentos que siguen cerrados al público, con una revisión de posibles privilegios de confidencialidad. Esa vía permite atender necesidades institucionales antes de la apertura pública.
Para el público, las solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) comienzan cinco años después del final de una administración. El presidente puede imponer determinadas restricciones de acceso por hasta 12 años. Después siguen siendo aplicables las excepciones de FOIA, por lo que cumplir ese plazo tampoco implica divulgar todos los documentos.
La propia ley permite eliminar registros que hayan perdido su valor administrativo, histórico, informativo o probatorio, tras obtener por escrito la opinión del archivista.
La orden de mayo se dirige a oficinas y funcionarios
El juez federal John D. Bates concluyó el 20 de mayo de 2026, al resolver las solicitudes de medidas cautelares, que la ley probablemente es constitucional. Consideró que el Congreso puede declarar los registros presidenciales propiedad federal y regularlos, además de promover la rendición de cuentas y la eficiencia del Ejecutivo.
Bates identificó un riesgo sustancial de incumplimiento en tres categorías: comunicaciones electrónicas en dispositivos personales, documentos creados por el presidente o el vicepresidente y registros que el mandatario deseche. Su resolución distingue esos materiales oficiales de los puramente privados, como diarios personales o documentos de campaña.
La medida cautelar obliga a oficinas y funcionarios de la Casa Blanca a cumplir la ley, pero no se dirige personalmente al presidente ni al vicepresidente. La apelación mantiene abierta la disputa sobre esa protección: las preguntas de las juezas durante la audiencia no constituyen una sentencia sobre la constitucionalidad de la norma.
