Campaign for Accountability anunció el 14 de octubre de 2026 que presentó una denuncia ante el State Bar de California contra Katie Zacharia, la nueva portavoz de la Casa Blanca. La organización pide investigar si sus afirmaciones de ser abogada vulneraron las normas del estado sobre el ejercicio sin licencia.
El regulador dijo a Associated Press que carece de registros de una licencia de Zacharia en California. Por confidencialidad, tampoco confirmó si había recibido la denuncia o iniciado una investigación.
El comunicado de la organización cita apariciones televisivas en las que fue identificada como abogada y su cargo de consejera jurídica de Fix California. Pide revisar tanto sus declaraciones públicas como el trabajo que desempeñó para esa entidad.
Un título de Derecho y una licencia acreditan cosas distintas
Zacharia obtuvo su título de Derecho en Pepperdine en 2011, un dato que recoge el comunicado de Campaign for Accountability. La controversia se refiere a la autorización profesional con la que se ha presentado ante el público y realizado tareas jurídicas.
El State Bar de California explica que prestar servicios reservados a abogados sin la licencia correspondiente constituye ejercicio no autorizado. También reconoce excepciones: ciertos abogados habilitados en otro estado pueden trabajar en California en materias federales, como inmigración. Por eso, para comprobar una autorización importa conocer la jurisdicción y el número de licencia.
En una declaración enviada a AP por la Casa Blanca, Zacharia sostuvo que ejerció derecho transaccional internacional con las credenciales apropiadas. La respuesta no precisó dónde había aprobado un examen de habilitación.
Cómo se revisan las denuncias por ejercicio sin licencia
Según el procedimiento general que publica el State Bar, su Office of Chief Trial Counsel revisa las denuncias y un equipo especializado investiga los casos. Si constata un episodio aislado, envía una carta de cese y desistimiento, que sirve de advertencia sobre la posible infracción. Las denuncias por infracciones reiteradas pueden llevar al organismo a solicitar una orden judicial para cerrar una práctica ilegal.
La solicitud concreta de Campaign for Accountability es que el regulador determine si hubo una infracción y, de encontrarla, remita el asunto a la fiscalía competente.
