La ACLU de Wisconsin y la Electronic Frontier Foundation (EFF) pidieron al Tribunal Supremo de Wisconsin que exija una orden judicial para consultar historiales de cámaras lectoras de matrículas, como las de Flock Safety. La petición, presentada el 14 de octubre de 2026, busca que un juez autorice esas búsquedas, salvo excepciones reconocidas, antes de que la policía reconstruya los desplazamientos de una persona.
Estas cámaras fotografían los vehículos que pasan y registran dónde y cuándo los captaron. Al reunir esas observaciones en una base de datos, las agencias pueden consultar recorridos anteriores. La controversia se concentra en el acceso a ese historial y en la información que puede revelar sobre la vida privada.
La petición busca una regla para todo Wisconsin
El escrito representa al Wisconsin Council of Churches y a Melissa Pagel, residente de Green Bay que presta servicios pastorales, y señala como demandadas a Milwaukee, Green Bay, Racine y Kenosha. Pide que el máximo tribunal estatal asuma directamente el caso y resuelva si esas búsquedas deben sujetarse a las garantías de la Constitución de Wisconsin.
Los demandantes sostienen que viajar por calles públicas conserva una expectativa de privacidad sobre el conjunto de los movimientos de una persona. Solicitan exigir una orden judicial, con excepciones acotadas para circunstancias como una emergencia real. La acción abarca sistemas de lectura de matrículas de distintos proveedores.
El abogado de la ACLU Wes Haslam explicó a Wisconsin Public Radio que el objetivo de esta demanda es sujetar a control judicial las consultas a los historiales. WPR informó el 19 de octubre que las cuatro ciudades no habían respondido a sus solicitudes de comentarios.
Los controles de Flock tienen otro alcance
Flock anunció sus cambios el 13 de agosto de 2026. La empresa redujo de 30 a siete días su recomendación y periodo predeterminado de conservación, pero aclaró que los clientes existentes mantendrían los plazos que ya tenían aprobados. También anunció una modalidad para preservar registros específicos como evidencia de investigaciones activas.
En el mismo comunicado, su CEO, Garrett Langley, fijó el cierre de 2026 como plazo para hacer obligatorios los códigos de caso en las búsquedas policiales y la herramienta Audit Assistance. Esta detecta actividad anómala y la remite a un administrador. La empresa anunció bloqueos automáticos de acceso y filtros para que cada comunidad limite los delitos por los que otras agencias pueden consultar sus datos.
La exigencia de una orden judicial añade una instancia distinta: la autorización de un juez antes de consultar el historial. En su análisis del 19 de octubre, la EFF defiende ese control independiente frente a los mecanismos internos de supervisión.
Los plazos locales también varían. KQED informó que San Francisco anunció en septiembre una reducción de un año a 30 días para el acceso policial a los registros. Ese plazo sigue siendo mayor que los siete días recomendados por Flock.
Los tribunales y los municipios deciden por vías distintas
En el ámbito federal, el Quinto Circuito examina la apelación de Charles Brownlee contra una condena por robos a mano armada. Según The Texas Tribune, sus abogados alegaron en la audiencia del 5 de octubre que reconstruir sus movimientos mediante Flock requería una orden judicial.
La fiscalía defendió que las cámaras aportaban observaciones separadas de hechos visibles en vías públicas y cuestionó que Brownlee pudiera impugnar la búsqueda de un vehículo que pertenecía a su hermana. El reportaje del 19 de octubre describía el fallo de apelación como pendiente. Esa disputa federal y la petición basada en la Constitución de Wisconsin siguen vías jurídicas diferentes.
Las decisiones municipales afectan la continuidad del servicio. El ayuntamiento de Excelsior Springs, Missouri, aprobó por unanimidad el 19 de octubre una ordenanza que dirige al administrador municipal a terminar el acuerdo con Flock en 30 días, según KSHB. También elimina la financiación del contrato para el ejercicio fiscal 2027.
En League City, Texas, la Proposición A del 3 de noviembre pregunta si la policía debe continuar usando lectores fijos de matrículas en vías públicas. FOX 26 precisa que la consulta es no vinculante. El alcalde Nick Long dijo al medio que el ayuntamiento se comprometió a cubrir o desactivar las cámaras si gana el rechazo, dentro de las 72 horas posteriores a la certificación del resultado.
