El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso el 22 de octubre de 2026 ampliar las restricciones a inversiones estadounidenses en empresas que desarrollan inteligencia artificial en China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. El plan incorpora controles en biotecnología y considera que el actual gobierno de Venezuela queda fuera de la definición legal de país de preocupación.
La propuesta desarrolla la ley COINS, aprobada en diciembre de 2025 para ampliar el Programa de Seguridad de Inversiones en el Exterior. La ampliación sigue en consulta pública y su entrada en vigor se fijará en la norma definitiva. El plazo para presentar comentarios termina el 7 de diciembre de 2026, según el Tesoro.
El objetivo declarado es impedir que esas inversiones impulsen capacidades militares, de inteligencia o vigilancia. Christopher Pilkerton, subsecretario del Tesoro para Seguridad de las Inversiones, explicó a Reuters que el programa busca controlar también las redes empresariales y las cadenas de suministro que acompañan al dinero.
El desarrollo de IA quedaría sujeto a un veto más amplio
El reglamento propuesto incluiría el desarrollo de cualquier sistema de IA entre las actividades tecnológicas prohibidas para las operaciones cubiertas. El régimen actual distingue entre inversiones prohibidas, otras que requieren notificación y actividades que quedan fuera, en función de criterios técnicos y usos previstos.
El Tesoro sostiene que los avances de los modelos han vuelto insuficiente una única medida, como la capacidad de cómputo utilizada para entrenarlos, para distinguir los sistemas más avanzados. Esa es su justificación para ampliar la prohibición.
La cobertura abarcaría seis sectores: semiconductores y microelectrónica, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, computación de alto rendimiento y supercomputación, sistemas hipersónicos y biotecnología. El Tesoro añadió este último mediante la facultad que la ley le concede para incorporar otras tecnologías sensibles.
Los 50,000 dólares solo eximirían de ciertas notificaciones
La ficha oficial establece una excepción para operaciones que, sumadas con las realizadas con la misma entidad o empresa conjunta durante los 12 meses anteriores, no superen 50,000 dólares. Ese cálculo incluye el dinero aportado y el valor de mercado de contraprestaciones distintas del efectivo.
La excepción se limita al deber de notificar. Una operación perteneciente a una categoría prohibida seguiría sujeta al veto aunque su importe estuviera por debajo de ese umbral, como precisa el reglamento.
También se contemplan excepciones para inversiones en valores cotizados y ciertos fondos, sujetas a condiciones, además de solicitudes de exención por interés nacional. Un funcionario del Tesoro dijo a Reuters que los posibles acuerdos de licencias entre farmacéuticas estadounidenses y China quedarían fuera del alcance de las reglas.
Venezuela conserva una referencia condicionada en el texto
La ley y la propuesta mencionan a Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro Moros. El Tesoro interpreta que esa condición ya no se cumple: señala que Estados Unidos reconoció a Delcy Rodríguez como jefa de Estado el 5 de marzo de 2026 y considera que su gobierno es distinto del de Maduro.
Por eso, la institución concluye que Venezuela queda fuera de esa definición. Sus preguntas frecuentes advierten, sin embargo, que ciertas inversiones en entidades venezolanas todavía podrían estar cubiertas, porque el programa puede alcanzar operaciones fuera de los países designados. La ubicación de una empresa es solo uno de los criterios: también cuentan sus vínculos de propiedad o control con personas y entidades cubiertas.
Una multa previa muestra el alcance sobre las filiales
El programa vigente ya ha producido una sanción. En un comunicado del 7 de octubre, el Tesoro informó que en julio de 2026 impuso a Amidi, LLC una multa de 200,000 dólares por omitir una notificación obligatoria. Una filial había invertido aproximadamente 92,478 dólares en la empresa china Noematrix el 19 de abril de 2025.
El caso ilustra que las obligaciones existentes también alcanzan determinadas operaciones de entidades extranjeras controladas por una matriz estadounidense. Mientras se prepara la norma definitiva, siguen vigentes las restricciones que comenzaron a aplicarse el 2 de enero de 2025.
