La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó el 14 de octubre de 2026 los argumentos de Salazar v. Paramount Global, un caso sobre la privacidad al ver videos gratuitos en internet. Debe resolver si suscribirse a un boletín escrito basta para reclamar la protección de una ley de 1988 sobre registros de videos.
Michael Salazar, suscriptor del boletín gratuito de 247Sports, alega que Paramount envió a Facebook su identificador de usuario junto con información sobre los videos que veía, sin su consentimiento. La demanda señala al Meta Pixel, una herramienta de rastreo integrada en el sitio, como el mecanismo de transmisión.
Un tribunal federal desestimó la demanda porque consideró que la suscripción al boletín no lo convertía en un consumidor protegido por esa ley. El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito mantuvo esa interpretación, según la cobertura de Roll Call.
La suscripción y los datos protegidos son requisitos distintos
La Video Privacy Protection Act (VPPA) define al consumidor como quien alquila, compra o se suscribe a bienes o servicios de un proveedor de videos. La pregunta admitida por la Corte es si esos bienes o servicios deben ser audiovisuales o pueden incluir otras ofertas del mismo proveedor.
Joshua Hammack, abogado de Salazar, sostuvo durante la audiencia que el Congreso limitó a contenidos audiovisuales las definiciones de proveedor y de información protegida, pero dejó más amplia la de consumidor. Paramount defiende que la relación con el proveedor debe corresponder a un producto o servicio audiovisual y que un boletín escrito no cumple ese requisito.
Esa diferencia determina quién puede reclamar. La información amparada tiene otro límite: el artículo 2710 se refiere a datos que identifican a una persona como alguien que solicitó u obtuvo videos o servicios de video específicos. Son dos condiciones separadas dentro del mismo texto legal.
El consentimiento enfrenta a la privacidad con la publicidad
La jueza Elena Kagan planteó a la defensa de Paramount que obtener permiso de los usuarios era una salida disponible. "Una es obtener el consentimiento. Bastante fácil. La gente lo hace todos los días", dijo, según la transcripción oficial.
Paul Clement, abogado de la compañía, advirtió que una interpretación amplia podría llevar a los proveedores a cambiar su modelo de contenido gratuito. Argumentó que la publicidad dirigida financia ese acceso, de acuerdo con Roll Call.
La ley contempla la divulgación con consentimiento informado y escrito, incluido el electrónico, en un formulario separado de otras obligaciones legales o financieras. También permite al tribunal conceder indemnizaciones con un mínimo legal de 2,500 dólares. En este caso, la discusión sigue centrada en si Salazar reúne la condición de consumidor para invocar esa protección.
Roll Call prevé una decisión antes de que termine el periodo judicial en junio de 2027. El fallo podría establecer un criterio común sobre qué relación con un proveedor de videos permite presentar estas demandas.
